Aún falta para la buena marcha de los consejos comunales
Fecha miércoles, 08 de marzo a las 16:42:05
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fuente: diario el universal, 8 de marzo de 2.006

Aunque se podría pensar que las críticas sobre el buen funcionamiento de los consejos comunales parten de la acera opositora a Hugo Chávez, la realidad es otra. A pesar de que en muchas colectividades esperan que el último empeño del Presidente les permita solucionar sus problemas, hay otras cuyos miembros no se sienten tan confiados.
Tanto en las jornadas de parlamentarismo de calle como en la experiencia comunitaria, los seguidores del chavismo han manifestado su desconfianza en la buena marcha de estas nuevas instancias.
Las comunidades reclaman independencia en las decisiones que les afectan directamente y una mayor participación en los nuevos órganos. Por esa razón, han solicitado la reforma integral de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública, en cuya discusión quieren involucrarse de modo directo.
La petición más frecuente de los grupos organizados es la completa autonomía de los consejos, los cuales deben tener como presidente al alcalde del municipio e incluir a los concejales y presidentes de las juntas parroquiales, según lo establece la norma.
Algunos líderes comunitarios inconformes con los criterios de los legisladores sugirieron –en una Asamblea realizada el pasado jueves en la esquina El Chorro– eliminar la Ley vigente y crear una nueva, además de tomar la Asamblea Nacional y organizar protestas públicas.
Los vecinos también han expresado su temor de que los recursos no lleguen hasta las comunidades y se queden en los consejos comunales, por eso han exigido que la Ley establezca criterios técnicos para la selección de proyectos y para el control de los recursos.
Las mismas dudas las expresó el presidente del Movimiento Revolucionario Tupamaro en el municipio Piar del estado Bolívar, Oswaldo Ponce, quien denunció que en su región los consejos comunales “se crean al margen de la ley por políticos oportunistas disfrazados de revolucionarios que desvían los recursos del pueblo”.
Los líderes comunitarios organizados publicaron en Internet una carta dirigida al presidente del Parlamento, Nicolás Maduro, a través de la cual solicitaron diferir la segunda discusión de la norma en la Asamblea Nacional. A su juicio, consideran indispensable –para establecer el marco legal de las nuevas instancias– la aprobación de las leyes de contraloría social, de participación ciudadana y de transferencia de recursos a las comunidades organizadas.
En varios municipios, entre los que se encuentran Punceres, en el estado Monagas y Sifontes en Bolívar, las organizaciones comunitarias han denunciado a los alcaldes por interferir en la conformación de los consejos. Ya esto había ocurrido en el pasado, después de que fuera sancionada la Ley en 2002, cuando la anterior Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional convocó, en cuatro ocasiones, al alcalde del municipio Libertador, Freddy Bernal, por designar a dedo a los miembros de los consejos comunales, pero el mandatario local no se presentó ni siquiera una vez.
Mientras tanto, ya el Ejecutivo Nacional aprobó 653 planes presentados por siete municipios piloto y que requieren una inversión de 19 millardos de bolívares. Una parte de ellos fue entregada personalmente por Hugo Chávez durante el primer gabinete móvil comunal.
“Fue difícil”
En la comunidad de Corozal se adelanta un proyecto especial que, aunque otros ya habían intentado, no tenían la organización que ahora se ha previsto: en un plan mancomunado, cuatro consejos comunales se han propuesto levantar un centro de recolección y reciclaje de basura, que saldrá adelante con la ayuda de la comunidad y beneficiará a los 7.500 habitantes del sector.
“A nosotros nos costó bastante elaborar este proyecto, porque la gente estaba apática, pensaba que esto era una reunión más. Estuvimos como 15 días explicándole a las personas cuál era el plan y al final lo logramos”, relata Miriam Valero, vocera del consejo comunal Corozal 2, ubicado en el municipio Tinaco del estado Cojedes. Con la ayuda del Ministerio del Ambiente, los consejos elaboraron el proyecto, que costará 187 millones de bolívares aprobados por el Gobierno, más 70 millones que pondrá el alcalde de Tinaco, Teodoro Bolívar.
“Lo más bonito de todo es que la comunidad participará clasificando la basura en sus casas. Les suministraremos tres bolsas plásticas de colores diferentes: una para el vidrio, otra para el plástico y otra para los desechos orgánicos”, explica.
Los consejos ya contactaron a dos cooperativas, una en San Carlos y otra en Tinaquillo, que pagarán por lo recolectado y clasificado. De los desechos orgánicos se hará abono para venderlo a una cooperativa que va a sembrar el cerro Tiramuto.
“Ya estamos criando unas lombrices californianas que nos las suministró la Fundación La Salle y que servirán para transformar los desechos en abono”, cuenta Valero.
“También contratamos a una cooperativa de la misma comunidad para que elabore los cestos de basura para todo el sector. Y compraremos dos camiones: uno para llevar la basura al galpón donde la clasificaremos y otro que se usará para el barrido de las calles” Valero considera posible que haya enfrentamientos con los gobiernos locales, porque si los proyectos que presenten “no son lo que necesita la comunidad, no van”. Por ello cree que las alcaldías deben concordar sus planes con los vecinos.
Trabajo de vecinos para vecinos
El trabajo comunitario es lo cotidiano para los integrantes de la urbanización Santa Cecilia de Caracas, que desde 1980, está organizada en asociación de vecinos. Ahora, un grupo de ciudadanos decidió sumarse a la nueva experiencia de los consejos comunales.
“Vimos la oportunidad de hacer un organismo más representativo, a través del cual podíamos ganar gente para trabajar por la comunidad.
Al principio los vecinos estaban un poco reacios, pero se fueron integrando”, relata Xiomara Graterol, miembro del consejo comunal.
En asamblea de ciudadanos revisaron las prioridades de la urbanización y notaron los aspectos que necesitaban mayor atención eran las cercas del parque y de la iglesia, así como el muro de estabilización del talud de la quebrada Agua de Maíz. El consejo convirtió esto en su proyecto, el cual costará 60 millones de bolívares y beneficiará a 250 familias.
Según Graterol, no cree que tengan problemas con la Alcaldía ni la Gobernación, porque está segura de que las acciones a favor de la comunidad serán planificadas en conjunto.
“Yo pienso que hay que unirse para tener mejor calidad de vida.
Además, se trabaja para que Venezuela y muchas comunidades salgan adelante”, indicó Graterol, quien hizo un llamado a la clase media para que se agrupe en consejos comunales.









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