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¿autonomía o control financiero?
Enviado el lunes, 23 de mayo a las 14:30:52 por coordinador

fuente: diario el Carabobeño, 23 de mayo de 2.005

Decreto 3444

Jorge Jiménez Flores

Algunos estudiantes y especialistas sostienen que si bien es cierto que se debe dar una verdadera transformación en el seno de las universidades públicas del país, ésta debe llevarse a cabo dentro de las propias instituciones y no mediante un decreto, además de forma unilateral.
Por otra parte, existen organizaciones que en los últimos días han preparado foros y conferencias, con el fin de buscar los distintos puntos de vista de las comunidades universitarias acerca de las consecuencias de la aplicación de la polémica disposición.
Una de las grandes críticas que se le hacen a la aplicación del decreto 3444 es la forma cómo se publicó en la Gaceta Oficial. Inclusive, algunas personas manifiestan que la publicación se realizó justo cuando en la mayoría de las casas de estudios estaban en receso.

El dilema de la autonomía

Un vocero calificado en el tema de la educación superior y con amplia experiencia, es el doctor en Ciencias Sociales e investigador del Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (Infaces) de la Universidad de Carabobo (UC), Jesús Puerta, quien señaló que la autonomía universitaria está consagrada en el artículo 109 de la Constitución Nacional, que se refiere a la “cualidad de la universidad para escoger sus propias autoridades, dotarse de sus propios reglamentos, administrar el presupuesto asignado por el gobierno, la libertad de cátedras y la autogestión”.
El secretario de la Universidad de Carabobo, Pedro Villarroel, manifestó que la autonomía siempre ha sido y será un elemento fundamental de defensa de las universidades públicas nacionales. No obstante, “el concepto de autonomía ha sido seriamente lesionado por acción u omisión en instancias del Estado creadas desde la reforma a la Ley de Universidades en los años sesenta”.
El concepto de autonomía debe ser entendido no sólo en su dimensión monetaria. Es un concepto amplio, que abarca la libertad de cátedra y la pluralidad ideológica necesarias para el desarrollo de los profesionales del futuro.
Tanto puerta como Villarroel reconocen que este principio no se ha cumplido correctamente.
Villarroel se refirió a la autonomía financiera, e indicó que nunca ha existido, “sabemos de esfuerzos notables en crear fuentes estables de financiamiento desde el seno de la universidad pública venezolana, que requieren de impulsos iniciales reflejados en confianza inversora del propio Estado venezolano y la empresa privada”.
Por su parte, Puerta acotó que la libertad de pensamiento por ejemplo “es una característica que se ha violentado, porque en Faces y otras facultades de la UC, las autoridades en función a sus intereses políticos, pueden hacer movilizaciones, controlar a los estudiantes, fiscalizan su voto en las elecciones universitarias, de manera de que haya un control político”. De estas afirmaciones se desprende que el concepto de independencia en el plano universitario está seriamente lesionado.

Ley de Universidades vs Decreto 3444

Una de las observaciones que se le han realizado al decreto, es que en algunos aspectos entra en conflicto con la Ley de Universidades.
Por ejemplo, el artículo 14 del decreto 3444 establece “como potestad del Viceministro, la tramitación, evaluación y acreditación de los proyectos de creación de programas e instituciones de educación superior, así como el seguimiento y rendición de cuentas”. Estas facultades también las contempla el Consejo Nacional de Universidades (CNU), en la Ley de Universidades en su artículo 20, aparte cuatro, que reza que el Consejo debe “fijar los requisitos generales indispensables para la creación, eliminación, modificación y funcionamiento de Facultades, Escuelas, Institutos y demás divisiones equivalentes en las Universidades, y resolver, en cada caso, las solicitudes concretas que en ese sentido, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos, sean sometidas a su consideración”.
Jesús Puerta señaló que el decreto 3444 viene a ser la institucionalización del Ministerio de Educación Superior, y afirmó que “es falso que se viole la autonomía universitaria”.
“La Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu) y el Consejo Nacional de Universidades (CNU) iban más allá de las atribuciones que les daba la ley, porque controlaban presupuestos y programas; incluso el Ministerio no contaba con finanzas propias, sino que dependía de las finanzas que le otorgaba la Opsu. Entonces con este nuevo reglamento, se le da una estructura organizativa propia al Ministerio de Educación Superior (MES)”, aseguró Puerta.
No obstante, estas afirmaciones no se corresponden con el artículo 20 de la Ley de Universidades en su aparte número siete, que establece entre las facultades del CNU “proponer al Ejecutivo Nacional el monto del aporte anual para las universidades que deba ser sometido a la consideración del Poder Legislativo, en el Proyecto de Ley de Presupuesto y, promulgada ésta, efectuar su distribución entre las Universidades Nacionales”.
En el artículo ocho del polémico decreto, también en su aparte siete, dice que el Ministerio de Educación Superior a través de la Oficina de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión, tiene como atribución “tramitar ante las instancias superiores la propuesta de aporte anual para todas las Instituciones Oficiales de Educación Superior”.
Se evidencia que la Ley de Universidades y el decreto del Ministerio de Educación Superior (MES), le otorgan la misma atribución de proponer el monto del aporte anual de las Universidades Nacionales o Instituciones Oficiales de Educación Superior a dos entes al mismo tiempo, todo lo contrario de lo expresado por el investigador de Infaces.

Retos y amenazas

Puerta concluyó diciendo que hay una campaña de desinformación en cuanto al decreto 3444 por parte de algunos actores de la oposición en las universidades públicas, especialmente de los rectores agrupados en la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu) y “otros agitadores mentirosos de oficio”.
Para Villarroel la creación del Viceministerio de Políticas Estudiantiles da respuesta a una problemática que hay que abordar sin pérdida de tiempo: “la calidad académica de los estudiantes universitarios de cara a los retos que presentan los nuevos tiempos”.






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